La recaudación tributaria del Perú sumó S/ 46,942 millones en el primer trimestre de 2026, un crecimiento de 6,8% frente al año anterior, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, el ministro Rodolfo Acuña Namihas advirtió que varias leyes aprobadas en los últimos años están reduciendo el potencial de ingresos fiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar inversión pública y servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El MEF señala que, pese al crecimiento de la recaudación, la aprobación de normas que crean nuevas obligaciones de gasto público permanente está frenando una mayor expansión de los ingresos. En solo tres sesiones recientes del Congreso, se aprobaron 11 leyes que generan gastos adicionales para el Estado, según el Consejo Fiscal. Estas medidas comprometen la sostenibilidad fiscal, ya que el Ejecutivo no ha observado normas con alto costo fiscal ni ha recurrido al Tribunal Constitucional para frenarlas.
Cómo afectan las nuevas leyes al presupuesto del Estado
El presupuesto público depende en gran parte de la recaudación de impuestos como el IGV, el Impuesto a la Renta y los tributos a la importación. Cuando el Congreso aprueba leyes que aumentan el gasto sin asegurar ingresos adicionales, el Estado debe destinar más recursos a cumplir esas obligaciones, restando fondos para obras, programas sociales y servicios. Por ejemplo, si el Estado tiene que gastar S/ 1,000 millones más al año en nuevas leyes, ese dinero podría dejar de invertirse en hospitales, colegios o carreteras.
En los últimos años, el Perú ha enfrentado caídas en la recaudación por factores como la menor actividad minera y la evasión tributaria. Ahora, el riesgo es que el gasto público crezca más rápido que los ingresos, lo que puede llevar a un mayor déficit fiscal. Si el déficit aumenta, el Estado podría verse obligado a endeudarse más o recortar inversiones clave.
Qué puede pasar con los servicios y la inversión pública
El impacto directo de estas normas se sentirá en la calidad y cantidad de servicios públicos. Si el Estado tiene menos margen para invertir, los proyectos de agua potable, electrificación rural o mantenimiento de carreteras podrían retrasarse o reducirse. Además, la presión sobre el presupuesto puede afectar la capacidad de respuesta ante emergencias, como desastres naturales o crisis sanitarias.
Para el ciudadano, esto significa que la mejora de servicios básicos podría demorar más. Los trabajadores públicos también pueden verse afectados si el Estado debe ajustar planillas o beneficios. Las empresas proveedoras del Estado podrían enfrentar demoras en pagos o menos contratos.
¿Qué puede hacer el ciudadano ante este escenario?
Si tienes un negocio que depende de contratos con el Estado, es clave monitorear los anuncios de recortes o cambios en el presupuesto. Para quienes esperan obras públicas en su distrito, conviene informarse sobre el avance de los proyectos y exigir transparencia en el uso de los recursos. Los contribuyentes deben estar atentos a posibles cambios en impuestos o servicios, ya que el Estado podría buscar nuevas fuentes de ingreso si el déficit se agrava.
El debate de fondo es cómo equilibrar la necesidad de atender demandas sociales con la sostenibilidad fiscal. ¿Hasta dónde puede el Estado asumir nuevas obligaciones sin poner en riesgo la inversión y los servicios que todos usamos?
Analisis
El MEF advierte que la aprobación de nuevas leyes está restando ingresos fiscales y limitando la capacidad del Estado para invertir en servicios y obras. El crecimiento de la recaudación podría ser mayor si no se aprobaran normas que aumentan el gasto sin respaldo. Esto pone presión sobre el presupuesto y la sostenibilidad fiscal.
Impacto en Peru
Para el bolsillo del ciudadano, menos ingresos fiscales pueden traducirse en menos obras públicas, demoras en la mejora de servicios y posibles recortes en programas sociales. Si el Estado debe gastar S/ 1,000 millones más por nuevas leyes, ese monto podría dejar de invertirse en hospitales, colegios o carreteras. Los proveedores del Estado podrían enfrentar retrasos en pagos y menos contratos. Los trabajadores públicos podrían ver ajustes en sus beneficios si el presupuesto se aprieta. Para quienes tienen negocios con el Estado, es fundamental monitorear los anuncios de recortes y cambios en el presupuesto. Si el déficit fiscal aumenta, el Estado podría buscar nuevas fuentes de ingresos, lo que podría traducirse en cambios en impuestos o servicios. El ciudadano debe exigir transparencia y estar atento a cómo se usan los recursos públicos. La gran pregunta es hasta dónde puede el Estado asumir nuevas obligaciones sin sacrificar la inversión y los servicios que todos usamos.