Analisis
El conflicto alrededor de Petroperú no es solo técnico ni financiero: es político y estratégico. En el fondo, el país enfrenta una decisión clave sobre el rol del Estado en sectores críticos como la energía. El problema no es únicamente si Petroperú debe modernizarse o abrirse al capital privado, sino cómo se hace. Cuando los cambios se perciben como impuestos, sin claridad ni consenso, el resultado es desconfianza y conflicto social. Además, el momento no podría ser más delicado. En plena antesala electoral, cualquier señal de inestabilidad en el sector energético impacta directamente en expectativas económicas, inversión y precios. La contradicción dentro del propio Ejecutivo agrava el escenario. Un gobierno que comunica una cosa y ejecuta otra debilita su credibilidad, y eso tiene costos reales: paralización de decisiones, presión social y mayor incertidumbre. Si no se maneja con transparencia y coherencia, este caso puede convertirse en otro ejemplo de cómo decisiones mal comunicadas terminan escalando en crisis política y económica.
La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros y Afines del Perú (Fenpetrol), junto con sindicatos de Petroperú, gremios de transporte y diversas organizaciones sociales, advirtió que iniciará protestas si el Gobierno no deroga el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, el cual permitiría la incorporación de capital privado en la empresa estatal.
Las organizaciones exigieron la eliminación inmediata de la norma y cuestionaron el cambio de postura del Ejecutivo, señalando que se han incumplido compromisos asumidos en reuniones previas con representantes del sector energético y transporte.
Conflicto por posible privatización
El gremio denunció que el decreto abre la puerta a la fragmentación y eventual privatización de Petroperú, lo que consideran un riesgo para la soberanía energética del país.
Además, advirtieron que la presencia de entidades como ProInversión y la consultora Deloitte en la Refinería de Talara refuerza las sospechas de un proceso orientado a transferir la empresa al sector privado.
Gobierno descarta derogar la norma
La controversia se intensificó luego de que el presidente del Consejo de Ministros descartara la derogación del decreto, pese a que previamente el Ejecutivo había señalado que la norma sería evaluada.
Para los sindicatos, esta contradicción evidencia desarticulación dentro del Gobierno y debilita la confianza en el diálogo.
Impacto en precios y economía
Los gremios advirtieron que una eventual privatización podría afectar el costo de los combustibles y, en consecuencia, elevar el precio de la canasta básica.
También rechazaron la idea de que Petroperú sea financieramente inviable y señalaron que el propio Estado mantiene millonarias deudas con la empresa.
Millonarias deudas pendientes
Entre las principales obligaciones destacan más de S/3.000 millones por crédito fiscal de la Amazonía, S/1.800 millones vinculados al proyecto de modernización de Talara y otros montos por pensiones, remediaciones ambientales y suministro de combustible.
Además, el Gobierno evalúa otorgar un aval financiero de hasta US$2.500 millones para garantizar la continuidad operativa de la empresa estatal.
Fuente original: La República