Analisis
Análisis editorial: Esta propuesta refleja una tendencia creciente de regular plataformas digitales para proteger a trabajadores independientes. Punto clave: el límite a las comisiones podría mejorar los ingresos de los conductores, pero también podría afectar el modelo de negocio de las apps. Valor agregado: este tipo de regulaciones puede redefinir el mercado laboral digital en Perú, impactando tanto a usuarios como a empresas.
Un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la República propone limitar las comisiones que cobran las plataformas digitales de taxi en el Perú, como Uber, DiDi o inDrive, con el objetivo de proteger los ingresos de los conductores.
La iniciativa, presentada por el congresista Diego Bazán, plantea que estas aplicaciones no puedan cobrar más del 20% del valor del servicio en Lima Metropolitana y el Callao, mientras que en otras regiones del país el límite sería del 10%.
¿Qué busca el proyecto de ley?
Actualmente, las plataformas de taxi por aplicativo cobran comisiones que van entre el 20% y 35% del valor del servicio, a lo que se suman descuentos, penalidades y otros cargos adicionales que reducen significativamente los ingresos de los conductores.
El proyecto busca establecer un tope máximo para estas comisiones, evitando prácticas que puedan considerarse abusivas dentro del mercado digital.
Condiciones para modificar comisiones
La propuesta también establece que cualquier cambio en las comisiones deberá cumplir con ciertos requisitos:
- Comunicación previa con al menos 30 días de anticipación
- Justificación económica objetiva
- Aceptación expresa del conductor
- Respeto de los límites máximos establecidos
Además, se prohíbe aplicar cargos adicionales o mecanismos indirectos que superen los límites fijados por la ley.
¿Qué pasará con los conductores?
De aprobarse la norma, los conductores podrán terminar su relación contractual con la plataforma sin penalidades, lo que les daría mayor libertad para elegir en qué aplicativo trabajar.
Rol del Estado y supervisión
El proyecto encarga al Indecopi la supervisión del cumplimiento de estas disposiciones, en línea con su función de velar por la libre competencia y evitar abusos en el mercado.
Según la propuesta, la intervención del Estado está justificada cuando existen condiciones de desigualdad entre las plataformas y los conductores, así como posibles distorsiones en la competencia.
¿Por qué se plantea esta regulación?
La iniciativa sostiene que, si bien es importante promover la innovación tecnológica, también es necesario evitar prácticas abusivas en mercados digitales donde existe una relación desigual entre las partes.
En ese sentido, el proyecto busca equilibrar la relación entre plataformas y conductores, garantizando ingresos más justos sin frenar el desarrollo del sector.
Fuente original: Gestión